Entre 1863 y 1983 ocurrieron múltiples encuentros y conflictos entre la población indígena, los misioneros católicos, las empresas petroleras y los antropólogos en la frontera nororiental colombiana. Transformar al salvaje analiza la formación del estado en esta región, pero no sólo como una institución oficial, sino a partir de un “gobierno delegativo”, es decir, por medio de la participación de actores no convencionales. Ante este escenario del pasado, la autora se pregunta ¿quién puede “legítimamente” hablar en nombre del estado, gobernar, nominar y definir la distribución y explotación de la tierra?

Este estudio es el resultado de una investigación doctoral en historia durante la cual se realizó un minucioso trabajo de archivo que implicó una travesía documental por diferentes archivos y bibliotecas en cuatro países: Colombia, España, Italia y la Ciudad de El Vaticano, entre los cuales se encuentran el Archivo Secreto del Vaticano, El Archivo Histórico de los Capuchinos de Bogotá y Valencia, y el Archivo General de la Nación, entre otros.

Con una mirada de largo aliento, en el libro se presenta una reconstrucción histórica de más de un siglo sobre el proceso de incorporación y colonización de los territorios de los “motilones”, hoy en día reconocidos como dos pueblos indígenas distintos: yukpas y barís. El libro profundiza además en los procesos de evangelización de la población indígena en la serranía del Perijá, la explotación petrolera en el Catatumbo y la construcción de un saber especializado desde la antropología como formas de incorporación y nacionalización del territorio. Tales situaciones condujeron a la deshumanización de las poblaciones étnicas a partir de las prácticas tuteladas en las fronteras.

Se trata de un caso poco o nada trabajado en la historiografía colombiana, por lo cual la investigación constituye un aporte sin precedentes a la historia regional y, así también, a la del país. La principal contribución de la obra es deconstruir la idea ya clásica del estado como un ente autónomo que desde el centro se diluye en los márgenes. Por el contrario, en el trabajo se esgrime que las fronteras son espacios necesarios y articulados con la formación del estado. Más allá de la ausencia o centralismo del aparato oficial se evidencia la existencia de múltiples actores híbridos y privados en esta zona limítrofe, quienes ejercen funciones propias de las instituciones estatales. En la serranía del Perijá y en el Catatumbo, donde aparentemente no hubo una presencia consolidada de la burocracia oficial, se dio una tercerización de la gobernanza a través de diversos agentes de poder que no solamente actuaban como el estado, sino que eran el estado.

La noción de gobierno delegativo le permitió a la autora demostrar que una consecuencia directa de este proceso fue la desprotección de las tierras indígenas y, por ende, la apropiación de éstas por parte de colonos desplazados por la violencia o migrantes producto de los auges económicos del algodón y el petróleo. La acción delegada y la inoperatividad de las entidades oficiales les permitió evadir su responsabilidad frente a la protección de las poblaciones indígenas, mientras se legalizó el despojo de sus tierras. El eufemismo de la incorporación se transformó en despojo.

Marisol Grisales Hernández es doctora en historia e investigadora del grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudios Regionales (Iner) de la Universidad de Antioquia.

Comunicado de prensa:

Una historiadora ilumina las raíces de la violencia contra los pueblos indígenas en la frontera del Catatumbo

Una carta del pueblo Barí al Papa para abrir los archivos de las misiones en el Catatumbo y una sentencia que ordenó delimitar el territorio ancestral Yukpa, ambos hechos ocurridos en 2017, son la punta más visible de la historia sobre cómo Colombia intentó incorporar a la nación a los llamados motilones.

‘Motilones’ fue el rótulo colonial para diversos pueblos de la serranía del Perijá y el Catatumbo; hoy se habla de dos etnias: Yukpa (Perijá) y Barí (Norte de Santander en Colombia y Zulia en la frontera con Venezuela).

Inspirada por su trabajo de caracterización de poblaciones para la Unidad de Restitución de Tierras, la antropóloga Marisol Grisales reconstruye la historia de esos dos pueblos indígenas –poco estudiados– y relata cómo, entre 1863 y 1983, el Estado delegó varias de sus funciones en “actores poco convencionales”.

Su investigación Transformar al salvaje, con la que obtuvo su doctorado en Historia, se remonta a la creación de los “territorios nacionales”, cuyo fin era integrar zonas “baldías” y poblaciones “salvajes”. Más adelante, la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 consolidaron un régimen de tutela religiosa: misiones capuchinas, escuelas y orfelinatos para imponer el castellano, los oficios y las rutinas. A inicios del siglo XX llegaron las concesiones, como la de la familia Barco, y los campamentos petroleros. En los años 60 se implementaron instancias técnicas y académicas, pero se mantuvo la lógica tutelar.

Ese “gobierno delegativo” oficializó y consolidó la visión de los indígenas como menores de edad –con la consecuente negación de sus propias formas de gobierno–, redujo la responsabilidad de las autoridades centrales –que se alimentan de los recursos de esos territorios pero no retribuyen con presencia institucional– y legalizó el despojo.

El libro recurre a archivos locales y europeos para mostrar cómo las misiones controlaron espacio, trabajo y movilidad; cómo las petroleras ocuparon y deslindaron la tierra, y cómo los etnólogos clasificaron a los motilones y asesoraron al Estado en la titulación de resguardos, ya reducidos a su mínima expresión.

El Estado no aparece aquí como institución, sino como un entramado de prácticas. En la frontera, Colombia no estuvo ausente, sino que delegó. Y esa decisión política dejó huellas en el territorio y la vida de los pueblos. Las disputas actuales, incluidas las que genera el control que ejercen los grupos ilegales, están ancladas en ese siglo de gobierno tercerizado.